Funcionarios de la salud y discriminación arbitraria

Funcionarios de la salud y discriminación arbitraria

julio 14, 2020

El estado de alerta sanitaria derivado del contagio masivo de la cepa Covid-19 de coronavirus, ha traído consigo profundas transformaciones en la cotidianeidad: las personas transitan por las calles guardando amplias distancias, la autoridad ha dispuesto medidas para evitar las reuniones o aglomeraciones en recintos públicos y privados, las empresas y otros empleadores han generado mecanismos de teletrabajo y existen fuertes medidas de resguardo, aconsejadas por profesionales de la salud, para mantener los hogares a salvo de posibles contagios.

Efectos indeseados

Estas modificaciones de la conducta usual han traído consigo efectos colaterales indeseados, entre los cuales se cuenta la discriminación a que han sido sujetos, en diversos lugares, trabajadores de la salud, por temor a que, dada su ocupación, puedan ser portadores del virus y contagiar, de ese modo, a quienes les rodean. Así, se ha podido conocer, a través de distintos medios de prensa, que condominios han amenazado con severas multas e incluso corte de suministros básicos a quienes, desempeñándose en el área de la salud, hagan uso de los espacios comunes, tales como áreas de juego, piscinas, patios o ascensores.

Situación antijurídica

Tal situación, además de profundamente lamentable desde una perspectiva social -pues son precisamente los funcionarios de la salud quienes han debido asumir, en mayor medida, en su persona y trabajo, los enormes costes que esta pandemia ha significado- resulta abiertamente antijurídica.

Ello, por cuanto el ordenamiento jurídico expresamente impide a los órganos estatales y sujetos privados, realizar en contra de algún individuo o grupo de individuos cualquier tipo de distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable. En el presente caso, la irracionalidad de la exclusión a que han sido sujetos los trabajadores de la salud, a través de medidas como las indicadas más arriba, resulta palmaria, desde que no solo ellos pueden propagar el virus entre los demás residentes, por un lado y por otro, pues la imposibilidad de que solo ellos -y no cualquier persona sospechosa de estar contagiada o diagnosticada con el virus- puedan emplear las áreas y servicios comunes, los segrega innecesaria y gravosamente en base a su ocupación, lo que acaba siendo un criterio inaceptable.